El foco de la semana: La información normalizada al inversor minorista. Indicadores de riesgo.

El foco de la semana: La información normalizada al inversor minorista. Indicadores de riesgo.

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La protección al inversor ha ido mejorando conforme la comercialización masiva de productos de inversión entre los inversores minoristas ha crecido significativamente. Hace apenas dos décadas, la información al alcance del inversor era escasa y excesivamente técnica, difícilmente comprensible para personas no expertas en aspectos financieros de las inversiones.

Las malas prácticas, la falta de conocimientos y experiencia, los abusos en la colocación de productos de inversión y la información deficiente, han implicado fuertes pérdidas para muchos inversores minoristas en diferentes capítulos de nuestra historia financiera reciente. 

En un intento de mejorar la información para que el inversor pueda tomar sus decisiones con mayor conocimiento sobre lo que va a contratar, se han ido poniendo en marcha, en diferentes momentos del tiempo, medidas que tienden a facilitar la comprensión de los riesgos asociados a las inversiones dirigidas al público minorista. Los folletos de emisión, con la información tasada por Ley, han venido a proporcionar información amplia sobre la naturaleza y riesgos asociados a las inversiones financieras. Sin embargo, no siempre su contenido resulta comprensible para la mayoría de individuos que no disponen de unos sólidos conocimientos financieros.

Para ello, la tendencia del legislador en España y de los supervisores de los mercados financieros, ha sido, ya sea de modo espontáneo o bien por la transposición de normativa de ámbito europeo o internacional, la de reducir la cantidad de información que obligatoriamente hay que facilitar, pero mejorar su comprensión recurriendo a indicadores que, visualmente, permitan al inversor entender y comparar distintas inversiones de un modo lo más homogéneo y sencillo posible.

En España, el Real Decreto 1082/2012, en desarrollo de la Ley 35/2003 de instituciones de inversión colectiva y siguiendo el contenido del Reglamento UE 583/2010, introdujo el documento con los datos fundamentales para el inversor, conocido en el sector por el término DFI (Datos Fundamentales para el Inversor) o KIID (Key Investor Information Document).

El documento de datos fundamentales para el inversor resulta exigible tanto a los fondos e IICs armonizadas, es decir, que cumplen con los requisitos para ser comercializados en otros Estados miembros conforme a la Directiva 2009/65/CE, como por los que sólo pueden ser comercializados en España. El DFI de los fondos españoles armonizados no debe ser distinto de su versión en español, sino que sólo puede ser traducido pero no alterado.

La Circular 2/2013 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detalla su contenido:

  • a) identificación de la IIC;
     
  • b) una descripción sucinta de sus objetivos de inversión y su política de inversión;
     
  • c) una presentación de los rendimientos históricos o, si procede, escenarios de rentabilidad;
     
  • d) los costes y gastos asociados, y
     
  • e) el perfil riesgo/remuneración de la inversión, con orientaciones y advertencias apropiadas en relación con los riesgos asociados a las inversiones en la IIC considerada.

El DFI tiene que redactarse en lenguaje no técnico y comprensible por el inversor medio, a fin de que esté en condiciones razonables de comprender las características esenciales, la naturaleza y los riesgos del producto de inversión que se le ofrece y de adoptar decisiones de inversión fundadas sin necesidad de recurrir a otros documentos. Se considera legalmente documento precontractual.

Indicador sintético de rentabilidad-riesgo de fondos de inversión e IICs

El Indicador Sintético de Rentabilidad-Riesgo es un número entero dentro de una escala del 1 al 7 (ordenada de menor a mayor riesgo), basada en el nivel de volatilidad histórica de la IIC. Se recoge en la sección 2 del Capítulo III del Reglamento (UE) 583/2010 y en la documentación técnica CESR/10-673del Comité Europeo de Reguladores de mercados de Valores (CESR), actualmente ESMA (Autoridad Europea de Supervisores de Mercados).

El cálculo del indicador sintético de riesgo es responsabilidad de la gestora o, en su caso, de la sociedad de inversión. La metodología de cálculo del indicador, basado en la volatilidad de las rentabilidades históricas de la IIC, es la siguiente:

  • a) Se calcula la serie de retornos semanales de los últimos 5 años. En el caso de no poder obtenerlos, se calcularán los retornos mensuales.
     
  • b) La volatilidad del fondo f se dará en dato anualizado. Para el cálculo de la volatilidad, se usará la siguiente fórmula:


    Donde los retornos del fondo (rf,t) se miden a lo largo del periodo de tiempo T en intervalos de duración de 1/m años (m=52 y T=260 para datos semanales; y m=12 y T=60 en el caso de datos mensuales). La rentabilidad r ̅ es la media aritmética de las rentabilidades periódicas del fondo durante el periodo T.
     
  • c) El indicador sintético de rentabilidad y riesgo se corresponde con un número entero en función de la volatilidad calculada, en base a la tabla siguiente:

En el documento de DFI, el indicador sintético de riesgo debe aparecer de forma gráfica:

La información del DFI es fácilmente mejorable

Como se puede deducir de todo lo anterior, el indicador sintético de riesgo no proporciona información sobre las potenciales pérdidas que pueda sufrir el inversor, sino que únicamente relaciona la rentabilidad de la inversión con la regularidad en la obtención de dichos retornos, puesto que la volatilidad no es otra cosa que la desviación típica de la serie de retornos.

La volatilidad, por lo tanto, no es una medida estática, sino que va a depender de cómo sea la serie de las rentabilidades generadas en el pasado. Dada la amplitud del periodo de cálculo, 5 años en total, en periodos de tiempo inferiores, por ejemplo en meses donde se den circunstancias especialmente turbulentas en el mercado o en los activos en los que invierte, el fondo podrá experimentar volatilidad sustancialmente diferente de la que haya tenido en el periodo de referencia para el cálculo del indicador.

La volatilidad tampoco es un indicador fiable a la hora de estimar pérdidas potenciales, puesto que es una medida de dispersión estadística y no tiene en cuenta el signo positivo o negativo de la rentabilidad de la serie sobre la que se calcula. Por ello, la información del DFI no resulta suficiente para que un inversor adverso a pérdidas evite invertir en productos que puedan no resultar aptos. Tal vez, la incorporación de información sobre potenciales pérdidas, como el valor de la máxima caída (drawdown en inglés) porcentual histórica registrada, mejorarían la información al inversor.

En el mismo sentido, y dado que el cálculo del Value at Risk (VaR) es una técnica muy generalizada en las gestoras para el control del riesgo en las carteras de los fondos, resultaría útil para el inversor disponer de ese dato en el DFI con el fin de completar la información sobre el tipo de inversión que se va a contratar. Cierto es que el VaR, como técnica de simulación de escenarios para evaluar la pérdida máxima en un plazo de tiempo determinado y con un nivel de confianza estadística prefijado, habitualmente del 95% o del 99%, se basa en la volatilidad histórica y en la rentabilidad promedio como parámetros para generar las observaciones. No obstante, mejoraría la información al incluir escenarios probables que pueden no haber acontecido durante el periodo muestral con el que se ha calculado el indicador sintético.

Indicador de riesgo, alertas de liquidez y complejidad

Abundando en esta línea, el Ministerio de Economía y Competitividad, en la orden ECC/2316/2015 introdujo obligaciones de información y clasificación para determinados productos financieros comercializados a inversores minoristas. Estas obligaciones no afectan a las IICs, por entender que la información contenida en el DFI ya es suficiente, aunque por lo que he comentado, discrepo. La Orden del Ministerio se anticipa a la normativa europea, el Reglamento UE 1286/2014, en materia de productos de inversión vinculados y en productos de inversión en formato de seguros, que entrará en vigor el 31 de diciembre de 2016.

El alcance de la orden ministerial abarca, además de los instrumentos financieros de inversión que recoge el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores, todos los productos y servicios de inversión que las entidades financieras y las compañías de seguros ponen a disposición del inversor minorista, incluidos los planes de pensiones individuales y los planes de previsión asegurados. Quedan excluidos la Deuda Pública, por su razón de activo líquido y con garantía de la solvencia del Estado (no voy por ahora a discutir este extremo), los fondos de inversión y las instituciones de inversión colectiva, los depósitos estructurados y los seguros de vida que tengan un componente de inversión en alguna IIC o estructurado, dado que quedarán sujetos a la normativa europea del Reglamento UE 1286/2014, pendiente de entrada en vigor. Tampoco quedan sujetos los planes de pensiones de empleo y los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones.

La orden, a similitud del documento DFI exigible a los fondos de inversión, establece la obligatoriedad de un sistema normalizado de información y clasificación de los productos de inversión que advierta sobre su nivel de riesgo y permita al inversor minorista elegir los que mejor se adecuen a sus necesidades y preferencias de ahorro e inversión. La información a entregar a los potenciales inversores o ahorradores incluye un indicador de riesgo y, en su caso, unas alertas por liquidez y complejidad.

El indicador de riesgo se expresa gráficamente mediante dos posibles pictogramas, de modo que sea fácilmente identificable. Dicho nivel obedece a la siguiente tabla, en función del tipo y características de la inversión:

Como puede verse, en este caso la clasificación no obedece a criterios de volatilidad de la rentabilidad del producto, sino en el riesgo de pérdida o recuperación no total de la inversión a su término o en el largo plazo. Por lo tanto, desde el punto de vista del inversor minorista, este indicador proporciona mejor información sobre el riesgo inherente a la inversión en términos de potenciales pérdidas.

Esta información se complementa con posibles alertas sobre la liquidez de la inversión en el caso de querer recuperarla antes de su vencimiento, así como sobre la complejidad de los mecanismos que generan su rentabilidad.

En lo referente a la liquidez, la Orden establece los siguientes elementos como relevantes:

  • a) Existencia de un compromiso de devolución de una parte o de todo el principal invertido o depositado a vencimiento.
     
  • b) Que el producto financiero no se negocie en un mercado regulado, en sistemas multilaterales de negociación o en sistemas organizados de contratación.
     
  • c) Que no exista un procedimiento alternativo de liquidez para el producto financiero ofrecido por el originador, emisor o un tercero.
     
  • d) Existencia de comisiones o penalizaciones por la devolución anticipada de una parte o de todo el principal invertido o depositado o por el rescate del producto de seguro de vida con finalidad de ahorro.
     
  • e) Existencia de plazos de preaviso mínimos para solicitar la devolución anticipada del principal o el rescate del producto de seguro de vida con finalidad de ahorro.
     
  • f) Carácter no reembolsable del derecho consolidado hasta el acaecimiento de alguna de las contingencias o, en su caso, en los supuestos excepcionales de liquidez o disposición anticipada, conforme a la normativa de planes y fondos de pensiones.
     
  • g) En el caso de seguros de vida con finalidad de ahorro, vinculación del derecho de rescate al valor de mercado de los activos asignados.
     
  • h) En el caso de planes de pensiones individuales y asociados, valoración de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez a valor de mercado de los activos del fondo de pensiones.

Las alertas en los casos a), b) y c) indicarán la posibilidad de pérdidas relevantes en caso de querer recuperar la inversión antes de su vencimiento, y en el caso d) por la existencia de comisiones y recargos aplicables. En los casos e) y f), la imposibilidad de liquidar la inversión antes de los plazos o de las contingencias establecidas. Y, para los supuestos g) y h), la posibilidad de incurrir en pérdidas por la valoración de los activos a precios de mercado en el momento de solicitar el reembolso de la inversión. La Orden establece unos textos específicos para cada caso.

La Orden establece también alertas sobre la complejidad de los productos de inversión. La complejidad tiene efectos sobre la comprensión de los factores que inciden en la rentabilidad y el riesgo de las inversiones, de modo que algunos elementos de riesgo pueden no ser evidentes por parte de un inversor con pocos conocimientos técnicos en finanzas. Las características de los productos considerados complejos se detallan en el artículo 217 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015.

En conclusión, la protección al inversor ha mejorado en lo que se refiere a información más clara, homogénea, comparable, entendible y transparente cuando nos referimos a productos de inversión destinados al inversor y al ahorrador minorista. Sin embargo, teniendo en cuenta que cerca del 50% del ahorro nacional se invierte en fondos de inversión, la información contenida en los documentos de datos fundamentales para el inversor resulta mejorable, en especial, en la estimación de posibles pérdidas en el caso de que el fondo no evolucione de forma parecida al tiempo usado para el cálculo del indicador. En el siglo XXI, no debería bastarnos con la consabida advertencia de “resultados pasados no presuponen resultados futuros”.

Ver artículo revista "Economistas25"