El foco de la semana: Los deberes de Montoro

El foco de la semana: Los deberes de Montoro

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El gobierno de España tiene que reducir el déficit en cerca de 7.700 millones de euros como demanda la Comisión Europea. Este ajuste tiene que venir necesariamente por un recorte del gasto público o por una subida de los ingresos fiscales, es decir, de la recaudación de impuestos.

Poco que recortar…

Tras la ayuda inestimable del Banco Central Europeo en la reducción del coste financiero de la Deuda Pública, acompañado del incremento del saldo vivo de Deuda hasta niveles sin precedentes en la historia reciente, el recorte adicional de gastos financieros en las partidas de gasto público no parece factible (ver La deuda pública española supera el 100% del PIB).

Del resto de capítulos de gasto, tanto las prestaciones públicas como el gasto social tampoco tienen mucho margen de ajuste, debido a la presión demográfica sobre la partida de pensiones públicas como ya tratamos en ¿Se puede volver a llenar la hucha de las pensiones?

Sobre el gasto en defensa, los contratos a largo plazo gestados en la etapa de bonanza económica con Carme Chacón como ministra del ramo no dan tampoco margen de actuación a corto plazo.

Por lo tanto, la prioridad del ministerio de Hacienda se centra en cómo incrementar la recaudación sin descarrilar la todavía débil recuperación económica de España.

Pero ¿de dónde recaudar?

Los pilares de la recaudación fiscal en España son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Ambos impuestos representaron en 2015 el 70,6% de los ingresos por impuestos y el 30,4% de las partidas de ingreso de los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno ha avanzado que no piensa aumentar el IRPF y en numerosas ocasiones se ha manifestado en contra de aumentar los tipos del IVA. Sin embargo, confía en que la recuperación económica conlleve un incremento de la recaudación por el incremento de la renta de las familias y del consumo de los hogares, que constituyen las bases imponibles sobre las que gravan IRPF e IVA.

En cuanto al IRPF, lo sorprendente es que ni tan siquiera durante la crisis la recaudación por este impuesto sufrió grandes caídas, sino que mantuvo una tendencia incremental, independientemente de la evolución de la renta de las familias. En 2010, en plena crisis económica, la recaudación era similar a la de 2007, todavía en pleno boom.

En el IVA, también observamos un patrón similar. Pese a la fuerte caída del consumo asociada a la crisis financiera, la recaudación por IVA no sufrió tanto como su base y disminuyó un 12% hasta 2009. Desde 2010 no ha parado de aumentar, siendo un 29% superior que en el peor año de la crisis, es decir desde 2009.

Por lo tanto, la decisión de no aumentar IRPF e IVA está simplemente en que la presión fiscal sobre las familias, que creció durante el periodo de crisis financiera, difícilmente puede incrementarse tras haber recaído en ellas la parte dura del ajuste fiscal. En este contexto, el aumento de presión puede implicar mayor descontento social.

El socorrido incremento de los impuestos especiales (IIEE), tiene también su gracia, ya que los IIEE son el pariente pobre de nuestros ingresos fiscales. Aunque gravan distintas cosas, el grueso de este impuesto se recauda sobre el consumo de tabaco e hidrocarburos, es decir, gasolina y gasóleo.

En realidad, se trata de unos impuestos cuya recaudación es fuertemente cíclica, dado el elevado peso de los hidrocarburos y su correlación con la evolución de la economía. El tabaco, debido a los cambios sociales y a su menor aceptación como causante de enfermedades, tiene una tendencia de consumo decreciente.

Por lo tanto, por mucho incremento de IIEE, por ahí no se va a resolver el problema del déficit público.

Finalmente, nos queda el impuesto sobre beneficios de sociedades (IS). Este impuesto tiene una relación muy elevada con el ciclo económico, ya que grava los beneficios de las empresas. Además, permite que las pérdidas incurridas en determinados años se puedan compensar con los beneficios que se obtengan en años siguientes, por lo que la obtención de beneficios no implica necesariamente tributar por ellos.

Por este motivo, hasta 2002 la brecha entre beneficios y base imponible era poco relevante. Las modificaciones fiscales introducidas a partir de 2003 comenzaron a ampliar esa diferencia y a raíz de la crisis, se ha mantenido y ampliado.

En 2015, los beneficios de las empresas superaron los de 2007, previo pico de ciclo, pero la recaudación por IS es apenas la mitad que entonces. Es de esperar que la progresiva absorción de bases imponibles negativas tenga su efecto aumentando las bases y a su vez la recaudación.

La evidencia indica que el propio IS no es equitativo. Las pequeñas y medianas empresas soportan en muchos casos un tipo impositivo real muy superior al de las grandes. Así, empresas como Telefónica pagaron un tipo efectivo en el IS de sólo entre el 4% (2015) y el 8% (2014) según su información financiera.

Confiar en las previsiones

Por otro lado, incrementar la presión fiscal a las empresas puede incidir negativamente en la creación de empleo y en el crecimiento económico, aunque evidentemente parece que la carga fiscal no está equitativamente repartida.

La competencia fiscal entre Estados, incluso dentro de la misma Unión Europea, dificulta todavía más incrementar la fiscalización de los beneficios empresariales. La eliminación de determinadas bonificaciones y desgravaciones puede tener un efecto más certero en alinear la tributación prevista con la efectiva.

En cualquier caso, parece que no hay mucho donde el ministro de Hacienda pueda pescar. El incremento de los pagos a cuenta acordado en 2016 tiene un efecto temporal, puesto que avanza la recaudación y disminuye el déficit por criterio de caja, pero no soluciona el problema de insuficiencia de ingresos en el tiempo.

Confiemos en que las previsiones de crecimiento económico del ministro Guindos sean acertadas y el impacto en el IS en 2016 y 2017 ayuden a reducir el déficit.